Aunque ha tardado y se publicó con tres meses de retraso, España ya cuenta con la versión definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, lo que supone disponer de la hoja de ruta energética para el país de cara a finales de la década. Entre las grandes líneas maestras del plan destacan el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero en un 32%, con un objetivo de consumo final de energía renovable en el 48% del total -del cual un 81% debe ser generación eléctrica-, un crecimiento de la demanda del 34% con respecto a 2019 -hasta llegar al 35% del total- y la instalación de 76 gigavatios (GW) de energía solar fotovoltaica -de los que 19 GW serán autoconsumo-; 62 GW eólicos -entre los que se incluyen 3 GW de eólica marina-; 22,5 GW de almacenamiento y 12 GW de electrolizadores destinados a la producción de hidrógeno verde.

El documento elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incluido en su versión definitiva del pasado septiembre una actualización al alza en dos materias: almacenamiento e hidrógeno renovable. Este aumento de la ambición recoge 1 GW adicional en electrolizadores y 0,5 GW más en sistemas de almacenamiento, que se presentan como una de las soluciones para la caída en los precios por la mayor implantación de renovables.

Aparte de la instalación de nueva potencia, el documento incluye objetivos con respecto a la rehabilitación de 1,38 millones de viviendas y elevar el parque de vehículos eléctricos a los 5,5 millones a finales de la década. Por otro lado, también se dispone la meta de aumentar la independencia energética, con un aumento en la producción de energía autóctona que logre llegar al 50% del total, frente al 27% de 2019, lo que proporcionará un ahorro de 86.750 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles durante todo el período.

Para llevar a cabo tamaña empresa, que espera cambiar de raíz el sistema energético español, el Gobierno estima que se realizará una inversión de 308.000 millones de euros en el conjunto del periodo, de los que un 82% será privada y un 18% será pública (un 13%, de fondos europeos). El 37% de esa inversión se destinará a energías renovables, el 28% a ahorro y eficiencia, el 17% a redes energéticas y el 17% a la electrificación de la economía. Se estima, además, que estas inversiones supongan un crecimiento en el Producto Interior Bruto (PIB) del 3,2% adicional, con la suma de 560.000 empleos hacia finales de la década con especial relevancia en la industria, la construcción y la energía.

El seguimiento de esta hoja de ruta no está exenta de dificultades por el camino. A principios de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableció que para 2025 la demanda eléctrica a través de redes eléctricas se elevaría en torno a un 1,3%, con un escenario más optimista en el que crecería un 3,5% y uno pesimista en el que decrecerá un 0,4%. El escenario central que plantea CNMC contrasta con el ritmo que, en principio, debería seguir la electrificación para alcanzar los objetivos a 2030. Si entre 2019 y 2030 deberá elevarse un 34% la demanda eléctrica, la subida anual deberá incrementarse a razón de un 3,09%.

Esta ambición también genera dudas en otros aspectos en los que el PNIEC contempla una ambición notable, como el despliegue de nueva capacidad renovable. Distintas voces del sector miran con escepticismo las cifras de nueva generación renovable -que significan casi multiplicar por tres la potencia instalada, de alrededor de 70 GW en 2023 a casi 140 GW entre eólica y fotovoltaica hacia finales de la década-.

En cualquier caso, el Ministerio también ha modulado al alza y a la baja sus distintos objetivos. Algunos de los que han sido minorados con respecto a la versión de junio de 2023 se ligan a la reducción del consumo de energía primaria y la de consumo de energía final, pasando de un 43% y un 44%, respectivamente, en las versiones de junio del año pasado a un 42% y 39,5% en la última versión del documento.

También las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el transporte han sido modificadas dos décimas a la baja, del 16,6% al 16,4%, mientras que el objetivo de energía final procedente de renovables para los edificios pasará a fijarse en el 67,3%, frente al 73% que se estableció en la última versión.

Por contra, otros objetivos se han intensificado, como la reducción de la dependencia energética, cuya ambición cae un punto porcentual del 51% al 50% en la última actualización del PNIEC y también se ha elevado la meta de porcentaje de renovables en el transporte, del 25% al 28%.

Sin embargo, una de las variaciones más notables deriva de la implementación de los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) y biocombustibles, así como biogás, en el transporte. En la pasada versión del plan estratégico del clima 2021-2030 se definía un objetivo del 2,1% utilizados en el transporte, una proporción que fue elevada al 11% en la versión de junio de 2023 del PNIEC y que ha sido catapultada al 17,26% en la actualización del pasado septiembre.

Más industria y más ‘verde’

El reto de la descarbonización que se establece en el PNIEC 2023-2030 es mayúsculo, ya que conseguirlo implica pisar a fondo el acelerador de la transición energética, sobre todo en lo que se refiere a instalación de nueva capacidad. España ya cuenta con 28,6 GW en fotovoltaica, por lo que para alcanzar los 76 GW que establece el plan se deberá acelerar el ritmo de instalación al entorno de los 8 GW por año. Esta cifra supone en sí misma un reto, ya que en los últimos cinco años lo más cerca que se estuvo de esa cota fue en 2023, en el que se puso en marcha 6 GW nuevos de energía solar fotovoltaica en un año.

Algo similar ocurre con la eólica. Con los 31,5 GW ya instalados para producir energía a través del viento será necesario aumentar la puesta en funcionamiento de aerogeneradores a razón de 5 GW al año para alcanzar los 62 GW al finalizar la década. Un ritmo que también contrasta con un ritmo promedio de instalación de menos de 1 GW desde el año 2020.

En este punto, el sector eólico cuenta con un reto adicional al tener que poner en funcionamiento los primeros molinos marinos a gran escala en las costas españolas. El mismo día que se aprobó el PNIEC el Ministerio anunció también la elaboración del nuevo Real Decreto que establece el marco para la tecnología offshore con el que se habrán de instalar 3 GW de aquí a 2030 para cumplir los objetivos acordados con Bruselas. Desde el sector eólico urgen, además, al Ejecutivo a sacar las subastas para el desarrollo de eólica flotante, la tecnología por la que España está obligada a apostar, cuyo desarrollo aún está en una fase inicial y corre el riesgo de no llegar a tener la capacidad suficiente en operación en los próximos seis años.

A estos desarrollos se suman los del almacenamiento. Estas tecnologías se desarrollarán principalmente a través de bombeo hidráulico y de baterías, tecnologías que aún cuentan con un largo trayecto hasta su despliegue total, ya que España de momento solo cuenta con 2,6 GW en saltos de agua con bombeo; mientras que las baterías operativas son muy escasas, inferior a 1 GW.

Pero no son solo instalaciones de la red eléctrica. El PNIEC también desarrolla una hoja de ruta para los biogases y el hidrógeno verde. En el caso de la molécula renovable el objetivo se ha triplicado con respecto al anterior PNIEC -que fijaba un objetivo de 4 GW-. España aspira a liderar la producción de esta tecnología, aunque los proyectos operativos aún son escasos.

En cuanto a los biogases, el Gobierno quiere alcanzar los 20 TWh. A finales de 2022 el país contaba con once plantas de biometano operativas que producen 455 GWh/año, unas 25 plantas de biogás con una producción total de 8.079 GWh/año y siete plantas de gasificación de biomasa sólida en funcionamiento más dos plantas piloto -también de gasificación-, en León y Navarra.

No obstante, los retos no solo se encuentran en el lado de la oferta energética, también en el de la demanda. La alta implantación de renovables y los bajos precios eléctricos están atrayendo a inversores industriales y negocios, como el de los centros de datos -que es intensivo en electricidad- para instalarse en las fronteras españolas.

Este interés al alza se está encontrado de bruces con los problemas del sistema para integrarlos, ya que la red eléctrica se está convirtiendo, según las principales empresas energéticas y asociaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en el gran cuello de botella para llevar a cabo la transición energética.

En cualquier caso y, pese a los retos que aún afronta el sector energético para integrar la nueva oferta descarbonizada y demanda industrial, los últimos datos presentados a la CNMC por las eléctricas son halagüeños. En las estimaciones para la demanda de uso de las redes de distribución y transporte del año que viene se calcula que el número de usuarios de la red de alta tensión -es decir, grandes industrias que son quienes necesitan de esta infraestructura para funcionar- se elevarán de 118.968 en 2024 a 119.755 el año que viene, lo que supone un incremento de 787 nuevos grandes consumidores que llegarán al sistema eléctrico el próximo ejercicio.

Según la memoria en la que Competencia establece la propuesta para los peajes eléctricos de 2025, la llegada de estos nuevos industriales irá asociada con un aumento del consumo energético en 2.233 gigavatios/hora (GWh), un alza del 2,2% interanual. Por otro lado, los pequeños consumidores -aquellos integrados en la red de baja tensión- añadirán 728 GWh al sistema, aunque numéricamente la cantidad de usuarios de esta red crecerá notablemente más que en el área industrial. En concreto, según las previsiones para 2025 se elevarán en 213.338 clientes, hasta los 30,62 millones.

Fuente: El Economista