España sigue rezagada en el despliegue de almacenamiento energético mediante baterías, una tecnología imprescindible para consolidar la transición energética y equilibrar la creciente penetración de energías renovables en el sistema eléctrico. Mientras otros países europeos como Alemania, Reino Unido e Italia registran avances significativos gracias a estrategias claras y efectivas, en el caso español, los obstáculos regulatorios, administrativos y económicos siguen dificultando un desarrollo que debería ser prioritario para alcanzar los objetivos de descarbonización. Así lo revela un reciente informe elaborado por Our New Energy y beBartlet, donde se analiza el estado del almacenamiento energético en Europa y los retos específicos que enfrenta España.

Según los datos recogidos en este análisis, la Asociación Europea para el Almacenamiento de Energía (EASE) estima que en 2023 Europa instaló 10 GW de almacenamiento en baterías, más del doble que en el año anterior. Las proyecciones son optimistas: se espera alcanzar 120 GW acumulados en 2030. En contraste, España apenas supera los 8 GW, una cifra que incluye mayoritariamente sistemas hidroeléctricos de bombeo, con solo 11 MW correspondientes a baterías conectadas a la red de distribución.

De hecho, ningún proyecto está aún operativo en la red de transporte, lo que evidencia la brecha entre el país y sus socios europeos. Estas cifras representan un desafío importante, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece un objetivo de 22 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, un horizonte cada vez más difícil de cumplir.

Posición geográfica

Las baterías son especialmente necesarias en España debido a su posición geográfica, que limita su interconexión con otros países europeos y la convierte en una «isla energética». El país ya cuenta con más de 77 GW de capacidad instalada en energías renovables, con más del 50% de la electricidad generada en 2023 proveniente de fuentes limpias. Para 2030, esta cifra debería aumentar al 81%, lo que presenta un gran reto: la producción renovable es intermitente y produce grandes picos en momentos de baja demanda.

Según el informe de Our New Energy y beBartlet, esta situación llevó a que en 2023 se desperdiciara el 1,18% de la energía renovable generada en España. El almacenamiento mediante baterías ofrece la solución más eficiente para evitar estos vertidos, permitiendo almacenar el excedente de energía en momentos de abundancia y liberarlo cuando la demanda y los precios son más altos.

A esta realidad se suma un problema estructural: la electrificación de la economía española avanza de forma mucho más lenta que el despliegue de energías limpias. En la actualidad, la electricidad apenas representa el 22% del consumo energético del país, debido a la baja adopción de tecnologías como bombas de calor, vehículos eléctricos o procesos industriales electrificados. Esta falta de consumo genera un desajuste entre producción y demanda, agravado por la volatilidad de los precios del mercado eléctrico.

Como revela el informe, España ha registrado semanas de precios cercanos a cero y otras con valores superiores a los 100 euros/MWh. El almacenamiento en baterías permitiría amortiguar estas fluctuaciones, equilibrando la oferta y la demanda, estabilizando el sistema eléctrico y aportando una mayor rentabilidad al mercado.

Obstáculos

Sin embargo, la implementación de esta solución enfrenta varios obstáculos. Uno de los problemas principales es la falta de una regulación específica y adaptada a las características de las baterías. Actualmente, estas instalaciones se tratan como generadores convencionales, lo que genera incertidumbre sobre su funcionamiento y su rol dentro del sistema eléctrico. Aunque han surgido avances, como la propuesta de la CNMC sobre acceso y conexión a redes, aún no se han resuelto cuestiones clave, como el uso híbrido de las baterías o la remuneración por los servicios de flexibilidad que aportan. A nivel local, la ausencia de normativas claras sobre el tipo de suelo o la ubicación de las instalaciones añade complejidad al desarrollo de los proyectos.

La tramitación administrativa es otro factor que ralentiza el despliegue de baterías en España. El proceso para obtener permisos requiere la intervención de múltiples niveles de la administración, con evaluaciones ambientales y plazos largos que pueden extenderse durante años. Esta burocracia supone un freno para los inversores, que encuentran mercados más ágiles en otros países europeos.

Además, el marco económico no favorece la inversión en almacenamiento energético. Los mecanismos actuales de retribución, como el arbitraje de precios, son volátiles y no garantizan la rentabilidad de las instalaciones. La falta de un mercado de capacidad que valore y remunere los servicios de firmeza y flexibilidad que ofrecen las baterías incrementa aún más la incertidumbre para los desarrolladores.

Otros países europeos

Mientras tanto, otros países europeos han logrado avances significativos, como se destaca en el informe. Reino Unido, por ejemplo, ha simplificado los procesos de obtención de permisos y ha creado mercados retributivos para servicios de flexibilidad, lo que ha permitido alcanzar una capacidad operativa de 4,7 GW y planificar más de 95 GW adicionales. Alemania, por su parte, ha impulsado el almacenamiento distribuido mediante incentivos fiscales y subvenciones directas, logrando duplicar su capacidad instalada en solo un año.

En Italia, el Gobierno ha implementado un sistema de subastas competitivas que garantiza ingresos estables a largo plazo, lo que ha favorecido la rápida expansión de proyectos de almacenamiento.

España tiene el potencial para convertirse en un líder en almacenamiento energético, pero para ello, según concluye el informe, es necesario adoptar medidas urgentes que permitan superar los retos actuales.
Fuente: El Periódico de la Energía