Las posibles emisiones de gases contaminantes, los olores desagradables y el riesgo de contaminación del agua y el suelo son las principales inquietudes de vecinos de Carrión y Torralba constituidos en dos plataformas

Los proyectos de instalación de plantas de biometano han proliferado en los últimos tiempos en la provincia de Ciudad Real, unas instalaciones que se debaten entre los posibles beneficios socioeconómicos y de obtención de una energía renovable que contribuye a la economía circular y frenar el cambio climático, y el rechazo de parte de la sociedad por los posibles perjuicios que pueden acarrear a la calidad de vida.

El último episodio que escenifica esta situación se encuentra en Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, dos localidades muy próximas entre sí, que cuentan con sendos proyectos para la construcción de plantas de este tipo de combustible. Están separadas por escasos kilómetros y recientemente han sido declaradas como proyectos prioritarios por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

También tienen en común el rechazo que han despertado por parte de los vecinos en ambos municipios, un frente común que les ha llevado a impulsar sendas plataformas para intentar parar los proyectos y que las instalaciones no se conviertan en realidad en sus pueblos.

Ante esta realidad surge la pregunta de si el biometano es una fuente de oportunidades o, por el contrario, tiene perjuicios para la población y el medio ambiente.

Una planta de biometano o biogás es una instalación de tipo químico “muy sencilla” en la que se transforma por fermentación anaerobia una materia prima -normalmente un producto orgánico de origen forestal, agrícola, ganadero, o industrial- en un gas para combustible.

Así lo explica el catedrático de Ingeniería Química, Manuel Rodrigo, quien apunta que entre los resultados del proceso está el metano, “un muy buen combustible”, llamado biogás, que aparece después de la degradación de determinados componentes orgánicos “a partir de residuos”, por su menor coste.

En paralelo, queda otro residuo muy reducido en volumen y sin contenido orgánico, sin capacidad de pudrirse más. “Eso es un muy buen acondicionador de suelos porque le da los nutrientes que necesita, de los cuales suele ser deficitario”, señala el también decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM en Ciudad Real, quien recuerda que el proceso anaerobio se conoce desde hace siglos.

“No es ni tecnología nueva, ni experimental”, agrega, ya que “en todas las depuradoras de aguas residuales de una ciudad de tamaño mediano-grande hay sistemas de tratamiento de biogás, porque los fangos se transforman en gas”.

“Técnicamente es lo mejor desde el punto de vista de la economía circular”

El proceso es técnicamente, asegura, lo mejor “desde el punto de vista de lo que estamos buscando ahora que es economía circular” porque, por un lado, permite transformar un residuo en energía y, por otro, se genera un producto propicio para su uso como fuente de nutrientes en el acondicionamiento de suelos.

En el contexto legal, administrativo, apunta el docente, hay una potenciación de políticas desde Europa que está favoreciendo todo aquello que genere cadena de valor a partir de residuos y que eviten tener que captar materias primas o combustibles del medio ambiente. “El CO2 del biogás no genera impacto de cambio climático, en realidad quemar no genera cambio climático, lo que lo genera es extraer combustibles que estaban escondidos, movilizar carbono” y este tipo de instalaciones favorecen que no lo haya.

Respecto a la ubicación, son instalaciones, explica, que no se ponen aleatoriamente, sino que ha de pensarse el lugar, tiene que haber materia prima suficiente y tiene que haber un lugar donde colocar el producto, en este caso cerca de alguna instalación de gas, donde pueda canalizar.

Además, necesita una autorización administrativa, la Autorización Ambiental Integrada, competencia de las comunidades autónomas, que en el caso de Castilla-La Mancha es gestionada por técnicos de la Consejería de Sostenibilidad, quienes revisan el cumplimiento de todos los estándares. Velan, así, porque el impacto que tenga esa instalación en aguas, suelo y aire sea el menor posible, pero es más, “si lo da y al día siguiente verifican que no, se lo quitan y se cierra la planta. Es automático. Esa es la gran ventaja”.

“El impacto de una industria química es mínima porque tenemos una legislación tremendamente exigente”

Ahora mismo, añade, el impacto de una industria química es mínima porque “tenemos una legislación tremendamente exigente que, no solo nuestro país sino que vienen de un conjunto de directivas europeas y esta garantiza que tanto en seguridad industrial, como en protección del medio ambiente se garantice los máximos estándares”.

Pero además debe contar con el visto bueno de los ayuntamientos, que habrá tenido que verificar que las parcelas donde se quiere instalar cumplen con las condiciones medioambientales, y además de la Confederación Hidrográfica que tiene que dar por buenos los usos que hagan del agua. “Cuando tengan autorizado el uso de esa parcela y del agua entonces es cuando se manda la propuesta de Autorización Ambiental Integrada a la Consejería que la tiene también que dar por buena. La administración pública va a velar porque sea seguro y tenga el menor impacto”.

El proyecto, también debe someterse a información pública, tiene que estar en un lenguaje accesible y decir, no solo cual es el proceso que van a aplicar, sino también que impacto van a tener sobre el medioambiente, sobre la salud de las personas y los impactos económicos porque “cualquier tipo de instalación química genera valor añadido, tanto puestos de trabajo directos como indirectos”.

“Miedo ninguno, información toda la del mundo. Hay muchos opiniones cada uno se va fijar en un punto determinado de la línea productiva, yo estoy hablando como instalación química”, sostiene Rodrigo.

“Creemos que la planta es innecesaria y afecta ambientalmente, socialmente y arqueológicamente al territorio”

Por su parte, quienes se oponen, se muestran preocupados por las posibles emisiones de gases contaminantes, los olores desagradables y el riesgo de contaminación del agua y el suelo, tal es el caso de los vecinos de Carrión y Torralba. Constituidos en dos plataformas y argumentos hermanos, rechazan la instalación de este tipo de plata en las proximidades de sus pueblos y a la vez próximas entre ellas.

“Creemos que la planta es innecesaria y afecta ambientalmente, socialmente y arqueológicamente al territorio. Somos un pueblo limpio, apenas generamos residuos y no tenemos necesidad de esa planta y por tanto, no tenemos que ser víctimas del atropello de colocarnos una plata de 150.000 toneladas de residuos al año y de entre 10 y 12 hectáreas, en un pueblo que apenas genera residuos, no tendremos ni 8.000 toneladas, entonces no nos parece bien”, asegura Rafael Ruiz de la Lira, miembro de la plataforma de Torralba. A lo que añade que no consideran que sea “un desarrollo local ni social para el pueblo”.

La proximidad a la localidad también les parece grave, no llega a un kilómetro y medio, asegura, añadiendo que “la empresa no está mirando por el interés del pueblo” ya que se les planteó hacerla más lejos, a 10 kilómetros y comenta que la respuesta fue “que no era rentable porque habría que hacer una tubería de 10 kilómetros”.

El representante de la plataforma de Torralba también alega posibles afecciones de la salud, aunque “la empresa niega cualquier toxicidad pero, según hemos investigado, tienen impurezas tóxicas”. Tampoco tienen muy claro desde la plataforma el uso del agua que se va a hacer desde la planta, ya que en Torralba hay contaminación de nitratos en sus aguas subterráneas y si van a utilizar superficial “no tenemos suficiente, en verano tenemos restricciones”.

La generación de malos olores a causa de los purines es otro de los temas planteados desde ambas plataformas. Al no tener suficientes residuos en la población, explica Ruiz de la Lira, tendrá que traerlos de otros sitios y un gran número de camiones “pasando por el pueblo va a dar un olor espantoso. Aunque desde la empresa aseguran que no, que los camiones van cerrados, sabemos por otras plantas que hay en España que sí genera malos olores”.

Plantas “enormes”

Algo también extrapolable a Carrión donde el representante de su plataforma Endika Sánchez añade la preocupación por el tamaño de ambas plantas y la cercanía entre ellas. “Las plantas son enormes y apenas se llevarán dos kilómetros”.

Desde que se enteraron de estos proyectos, “un poco tarde”, afirman ambas, han realizado acciones para intentar parar estos proyectos de construcción. Recogida de firmas (en Carrión llevan unas mil) o la realización de alegaciones, son algunas de las primeras iniciativas, con perspectiva de en un futuro realizar más como una marcha reivindicativa que partirá desde ambos pueblos hasta la zona donde se construirá la planta de Carrión prevista para este domingo, pero que a causa del tiempo ha sido aplazada para más adelante, o la visita a un pueblo de Málaga donde ya funciona una planta de este tipo.

Alegaciones a los proyectos

La plataforma de Torralba, cuyo proceso está menos avanzado que el de Carrión (al que ya solo les queda el Contencioso-Administrativo que están valorando y los posibles movimientos que se hagan desde el ayuntamiento según afirman desde la plataforma), ha realizado alegaciones (aunque fuera de plazo) a la Junta de Comunidades, al Ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Preparan documentación en contra que dirigirán al Parque Cultural Calatrava y a la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, y que también trasladarán a la Delegación provincial de Cultura ya que, comentan desde la plataforma de Torralba, la planta de Carrión estaría a dos kilómetros de Calatrava la Vieja y la de Torralba a 700 metros del claro de la Motilla de Torralba (un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce con 4.500 de antigüedad). También realizarán alegaciones frente al informe medioambiental cuando esté disponible.

Desde la plataforma de Carrión se quejan del ocultismo con que se lleva el plan regional de implantación de estas instalaciones para que “cuando quieras hacer algo encontrarte con el carácter prioritario que lo hace todo mucho más complejo y a la empresa, lógicamente le facilita muchísimo los trámites”. Explican lo desastroso del estudio de impacto medioambiental de la planta que les afecta, que según lo que han podido ver incurre en numerosas contradicciones y queda cosas poco claras respecto a la información dada al ayuntamiento. Respecto a alegaciones manifiesta que “llegamos tarde y ya solo nos queda el Contencioso-Administrativo que estamos valorando”.

Por su parte, el integrante de la plataforma de Torralba explica tienen aún dos “instrumentos importantes para poder parar la planta”, por una lado cambiar las normas subsidiarias del Ayuntamiento para que este tipo de plantas no puedan instalarse en el municipio, algo que requiere un acuerdo de pleno, y solicitar una moratoria municipal al proyecto. “A pesar de estar declarado prioritario, se puede solicitar moratoria y tener más tiempo”.

Reacción de los Ayuntamientos ante el rechazo de los vecinos

Respecto al papel de los ayuntamientos, la alcaldesa de Torralba, María Antonia Álvaro, explica que a parte de que tienen la obligación por ley de entregar la documentación que les pedía la empresa, vieron que el proyecto podría ser de futuro y que es algo que se va implantar por todo el país. “Es cierto que España va muy por detrás en este tema respecto a países como Francia o Alemania pero lo consideramos interesante y que podría aportar al pueblo”, señala, y recuerda que habrá una consulta popular “porque siempre estaré al lado de mis vecinos”. Con todo, apunta que no depende del ayuntamiento y que tiene su proceso, como también lo tiene el cambio de la normas subsidiaras del suelo. “No es tan fácil, ni tan rápido”.

A parte de llevar a pleno la consulta popular, la alcaldesa avanza que el Ayuntamiento esta trabajando en una reunión informativa a nivel local, en el cual vendrán expertos neutrales para que expliquen en qué consiste y cómo funciona todo esto. Además hay intención de poner un autobús a un pueblo cercano con plantas de biometano para que “todo el vecino que quiera pueda ir y vea las plantas y hablar con quien lo desee de como funcionan”.

Por su parte del alcalde de Carrión, Dionisio Moreno, explica que se está trabajando para cambiar las normas subsidiarias del Ayuntamiento para que no se puedan implantar este tipo de empresas en la localidad, ya que con las normas urbanísticas que tienen actualmente no se podían negar a realizar la calificación urbanística solicitada por la empresa para la implantación de la planta. “Tal y cómo he constatado no nos podíamos negar con nuestras normas urbanísticas ya que ser arbitrarios en esto no nos podían acusar de un delito de prevaricación y podría tener consecuencias penales”.

Algo que se ha realizado en vista a la reacción que han tenido los vecinos cuando se conoció el proyecto. En principio, añade no hubo ningún problema cuando informó al pleno para dar conocimiento que ese procedimiento pero “ni yo, ni el equipo de Gobierno podemos ser ni ciegos ni sordos ante esta reacción”.

Tras una charla informativa en la que la empresa estuvo dando explicaciones a los vecinos, continúa, hubo un pleno ordinario donde “vista la contestación social planteé hacer una consulta popular para palpar el sentir de la gente”. Después de las navidades y aprovechado la visita del vicepresidente segundo regional, José Manuel Caballero, estuvieron hablando con la plataforma aprovechando que ese día había una recogida de firmas en la plaza para oponerse a la instalación de la planta y estuvieron escuchando sus razones.

Fuente: LanzaDigital